POLÍTICA COTIDIANA (II)

Raquel Gutiérrez Aguilar

La dinámica de la política

La semana anterior, comencé estas reflexiones con una afirmación: “Los hombres y mujeres que habitamos este país llamado México, padecemos una casi total imposibilidad para intervenir en la discusión y tratamiento de los asuntos que nos competen a todos, esto es, de los asuntos públicos, de las cuestiones de interés común”. Esto tiene muchas razones tanto económicas como políticas cuya construcción conviene buscar en el curso de la historia mexicana del siglo XX: la concentración de la riqueza y la propiedad en manos de unas cuantas familias; el monopolio de una gigantesca proporción de los recursos disponibles en el país -y por tanto de la prerrogativa de decidir sobre ellos-, por un grupo bastante reducido de individuos y/o corporaciones, o bien de élites político-partidarias casi siempre emparentadas con los primeros; la imposición por la fuerza de una estructura política de monopolización de las decisiones y control local de la población que se extiende de manera capilar al conjunto de la sociedad, etc.

En vez de diseccionar el conjunto de elementos anteriores -que es una tarea que también hay que hacer-, voy a ensayar por lo pronto, una reflexión desde otra perspectiva para abordar la mentada cuestión de por qué en México es tan extremadamente difícil la intervención en la discusión y tratamiento de los asuntos públicos, para segmentos amplios de la población llana y trabajadora. Es decir, las preguntas que me hago son cómo y por qué, con más frecuencia que la deseable, nosotros -los de a pié, los hombres y mujeres sencillos y trabajadores que no vivimos del trabajo ajeno, ni de los dividendos que produce la “representación política” secuestrada- al ocuparnos de determinado “asunto público” quedamos colocados, de entrada -y todavía más, nosotros mismos nos instalamos ahí-, en una disyuntiva excluyente que parece no tener solución.

La disyuntiva a la que aludo es la siguiente: en México, casi siempre, o bien abordamos las cuestiones de interés general en calidad de “demandantes” a los gobernantes o mandos intermedios -personajes en cuyo nombramiento y selección, además, casi nunca tenemos oportunidad de intervenir-; o bien elegimos una postura autónoma que con frecuencia entendemos como sustracción general del orden político existente retirándonos a los bordes de la vida social y pública1. El que much@s de nosotr@s, al pensar cualquier acercamiento a los asuntos políticos de interés general asumamos de entrada esta disyuntiva, es un elemento importante de la cultura política mexicana (concédanme de momento el uso de esta expresión que no está bien definida, pero a la cual iré tratando de acercarme a fin de dotarla de significado). Pensemos un poco más en esto.

La comprensión mayoritaria del asunto político como conjunto de prácticas destinadas a “demandar” o “exigir” derechos, se sostiene en varias nociones implícitas que se experimentan de manera dinámica y reiterada: i) la primera de ella es el reconocimiento -por nuestra parte- de que son unos -otros- quienes tienen la facultad de otorgar, reconocer o conceder los derechos y somos otros -nosotros- quienes, en la medida en que les reconocemos a ellos dicha prerrogativa, nos colocamos ante ellos como demandantes. Les pedimos, les exigimos o les demandamos determinado asunto; con esto, de entrada les concedemos que ellos -y no nosotros- son los facultados para decidir sobre lo que nos compete y nos incumbe. Por lo general, en esta dinámica lo único que no puede ponerse en duda (ni ellos lo toleran ni nosotros lo promovemos de manera inmediata), es la facultad de los otros -de los gobernantes- para ser justamente ellos quienes “conceden” tales derechos.

  1. A partir de esta lógica práctica básica en el modo como se entabla la discusión sobre casi cualquier cuestión pública de relevancia, se gesta un tipo peculiar de figura política mexicana y se dibuja un terreno de juego: la figura aludida es el “gestor” y el terreno de juego es el “regateo”. El gestor es una persona o grupo de personas, aparentemente nuestros aunque en tendencial proceso de distinción, separación y diferenciación, que se hace cargo de canalizar las demandas hacia las “autoridades”; y cuya función principal en el juego en su conjunto es, antes que obtener los derechos demandados, más bien apuntalar el reconocimiento, por parte del conjunto que demanda o exige, de la relación de autoridad. Esto es, el gestor -buscándolo o no- juega como agente de validación y legitimación de la prerrogativa de mando de las autoridades concedida por nosotros mismos. En el contexto de casi cualquier conflicto, el gestor efectivamente canaliza las “demandas” y quizá incluso consiga que se “atiendan” -flujo de sentido desde abajo hacia arriba. Sin embargo, en dicho movimiento, consigue también -y principalmente- que los de arriba, los mandantes, afirmen y refuercen su figura de monopolizadores de la decisión política frente y ante los de abajo. Vale la pena notar que no estamos hablando de una u otra persona, o criticando a tal o cual, estamos intentando definir una posición estructural en la dinámica política mexicana, a fin de tenerla permanentemente en cuenta. El sentido de juego es el “regateo” porque lo que se instituye es una especie de terreno para negociar “cuanto” de los derechos ha de ser concedido y “cuánto” habrá de ser sacrificado.

A partir de estas condiciones básicas del juego político, a saber: unos -otros- monopolizando recursos y decisiones; otros -nosotros- admitiendo la posición de gobernados que demandan y exigen; y los “gestores” situados en la intermediación de esta relación; la dinámica del juego es altamente adversa para nosotros. Es como si reiteradamente jugáramos con dados cargados a favor de los otros. En dicho juego, el gestor se convierte en una figura altamente vulnerable hacia cualquier alternativa: o lo cooptan o lo neutralizan (lo encarcelan o lo matan). Con ello desarman el curso de la dinámica política que nosotros mismos, hasta cierto punto, promovemos; ratificando con esa acción su calidad de mandantes y reasignándonos a nuestra condición de gobernados obedientes que hemos de vernos obligados a poner en marcha, una vez más, el ciclo completo de la petición, la demanda y la exigencia. El juego se cierra. Ellos ganaron.

Ahora bien, otra forma de la política, sostenida en otros parámetros y nociones implícitas tiene que ver, más bien, con la expresión contundente y colectiva de enormes acciones de rechazo que ponen en jaque el corazón mismo del juego anteriormente delineado: se trata de poner en duda, de invalidar, el supuesto principal sobre el que se sostiene la dinámica política tradicional en México, es decir, rechazar la prerrogativa de monopolizar las decisiones. Ejemplos de este significativo desplazamiento en el ámbito de la lucha política son las grandes acciones colectivas de lucha reciente: “No al aeropuerto en Atenco”, “No a Ulises Ruiz”. En esta forma política no se juegan derechos a ser concedidos por autoridades y administrados por gestores. Ahí se establece, sencillamente, un nuevo terreno de juego: se desconoce prácticamente la facultad de mandar a los otros y se marca una línea clara acerca de lo que es inadmisible. Sólo desde ahí se vuelve a abrir la discusión. Esta forma que podemos llamar provisionalmente, “política de veto”, no resuelve los problemas sino que, si tiene fuerza, contribuye a sentar las bases para discutir y avanzar en otros términos y, por supuesto, obliga a que la contención represiva de la lucha también sea distinta: del asesinato o el encarcelamiento selectivo a la ocupación militar de pueblos, territorios y regiones.

Es así que entender la dinámica y la lógica de los conflictos políticos no resuelve los problemas, pero quizá, ayude a situarlos en otra dimensión. Seguiremos pensando sobre esto, la próxima semana.

1No todas las experiencias de luchas autónomas en México tienen este rasgo, pero hay una tendencia a entenderlas así, al menos hasta cierto punto. En otro momento discutiremos esto con mas detalle.

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