POLÍTICA COTIDIANA

Raquel Gutiérrez Aguilar

¿Cómo se decide sobre los asuntos públicos de relevancia?

Los hombres y mujeres que habitamos este país llamado México, padecemos una casi total imposibilidad para intervenir en la discusión y tratamiento de los asuntos que nos competen a todos, esto es, de los asuntos públicos, de las cuestiones de interés común.

Tal imposibilidad se levanta sobre dos pilares. Por un lado, se nos impone a la enorme mayoría de nosotros, a los ciudadanos de a pié que no somos parte de la rígida, endogámica y altamente jerarquizada red de negocios, influencias y sociedades anónimas y partidarias, una brutal exclusión de la posibilidad de intervenir y decidir sobre aquello que sería conveniente y pertinente, en materia pública o de interés común, a partir del entramado institucional y legal que conforma la arquitectura gubernamental de nuestra República. Desde las cuestiones más inmediatas y aparentemente triviales, como pueden ser la remodelación o la utilización de un parque en cualquier colonia de cualquier ciudad; hasta otros asuntos cuyos efectos sobre nuestra vida cotidiana son mucho más decisivos, como la organización del transporte público, la forma de gestión, utilización y cuidado del agua o el destino de los recursos públicos, etc.; todas las decisiones sobre cuestiones de interés general se piensan, se procesan, se toman y se ejecutan a partir de consideraciones sectarias que toman la forma de “acciones partidarias”, de cálculos interesados que afianzan los vínculos entre intereses privados y grupos políticos de diverso nivel, y todo esto se sostiene sobre reiterados conjuntos de afirmaciones y creencias proferidas por “expertos” cuyas intenciones reales quedan ocultas en largas cadenas de argumentos engañosos.

Si bien así vivimos cotidianamente: percibiendo cómo el espacio público se satura de declaraciones, afirmaciones y explicaciones que nos resultan del todo insatisfactorias cuando no de plano falsas -como el argumento de que a más brutales asesinatos y más generalizada violencia en la llamada “lucha contra el crimen organizado” más “seguridad pública” logramos, por ejemplo-; observando como se toman una por una, centenas de decisiones que nos afectan de diversas y múltiples maneras -como la actual discusión acerca de la “conveniencia” de gravar alimentos y medicinas con el 15% de IVA o de la “pertinencia” de aumentar las tarifas de la energía eléctrica-; y padeciendo los efectos inmediatos y a largo plazo de la ejecución de tales decisiones absurdas sobre asuntos de interés general… si bien así vivimos, y si, tal como hemos señalado, la arquitectura gubernamental y legal, el diseño estatal está organizado justamente para que así, de manera privada, sectaria y excluyente se decida sobre lo que es relevante para todos, vale la pena reflexionar también sobre por qué nosotros nos comportamos, en más ocasiones de las deseables, únicamente como sumisos obedientes o como “irresponsables civiles” ante prácticamente todo lo relativo a “hacerse cargo” del asunto común.

El argumento sistemático que he de desarrollar durante 20 semanas en esta columna pretende abordar un problema avanzando en dos ejes de razonamiento. El problema consiste en entender por qué y cómo se produce, se reproduce y se refuerza, en México, continuamente, la expulsión reiterada de las personas de carne y hueso, de los hombres y mujeres sencillos y trabajadores, de la discusión de los problemas más graves que en común se enfrentan y de la toma de decisiones sobre su posible solución. Los dos ejes de razonamiento para acercarme a él, porque tal problema tiene, al menos, dos lados, son: 1) qué hacen y cómo operan los que toman efectivamente decisiones sobre asuntos públicos de manera egoísta, privilegiando sus intereses económicos y políticos más mezquinos -es decir, el ámbito de la comprensión de la intención y de la acción ajenas, y quizá de la denuncia pero no únicamente de ella- y, 2) qué hacemos -y qué más podemos hacer- los hombres y mujeres que “no somos ellos”, que no vivimos del trabajo ajeno, que no ambicionamos “mandar sobre otros”, ni “lucrar con el esfuerzo de otros”, que entendemos la responsabilidad y la participación política cotidiana de otra manera; en fin, qué hacemos nosotros para impedir que las decisiones ajenas y generalmente contrarias a los intereses comunes, se impongan con la contundencia y frecuencia con la que, muy a menudo, logran efectuarse. En qué y de cuales maneras concedemos -por acción o por omisión- capacidad práctica a los intereses ajenos para ejecutarse… es decir, qué parte de la responsabilidad de lo que hoy padecemos la tenemos que tomar nosotros; de ninguna manera cómo una “culpa”, sino como concesión, como omisión, como ineficacia de nuestra acción. Reflexionar sobre estos dos terrenos espero contribuya a esclarecer, en alguna medida, nuestra comprensión de la política no como arte y oficio de gobernar “a nombre de alguien” -que es como la entienden los “mandantes de carrera” que no obedecen más que a sus intereses y los grandes propietarios que se rigen sólo según su gigantesca ambición-; sino a pensar cotidianamente la política como intervención común en la autorregulación de las cuestiones que nos incumben de manera colectiva y… soñando un poco, hacer esto tal vez ayude en algo a reforzar nuestra capacidad de intervenir en los asuntos públicos. Esto es, a pensar en una política cotidiana.

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